Durante 2007 y 2008, en los mercados internacionales se produjo un súbito incremento de precios de algunos productos esenciales para la maquinaria del mundo y para la alimentación de los pueblos. El precio del petróleo llegó a precios récord, al igual que el precio de la soya, el trigo y el maíz, entre otros. El incremento en el costo del petróleo afectó al transporte de carga y de personas, de tal forma que elevó los costos de distribución de cada uno de los artículos de consumo que usan transporte para llegar desde el lugar de producción hasta el comprador final.
Para las consumidoras y consumidores guatemaltecos el aumento de precios internacionales de trigo y maíz se tradujo en incrementos del precio local de alimentos básicos como la tortilla y el pan debido a que, a diferencia de hace 30 años, hoy somos totalmente dependientes del trigo importado e importamos cada año mayores volúmenes de maíz.
La industria nacional usuaria de maíz importa casi todo el grano que usa en sus procesos de producción. Con la desgravación arancelaria a las importaciones de maíz amarillo y el crecimiento de industrias como la avícola o la porcina, se produjo una mayor demanda del grano y se encontraron ofertas de maíz en Estados Unidos que representaron menores costos de producción. Se produjo, entonces, una menor compra local de maíz amarillo y el desestímulo de su producción en zonas de tradición maicera como la Costa Sur. Sin embargo, la brusca subida de precios internacionales provocó incremento en los costos de producción nacional de pollo, carne de cerdo y concentrados. Y, por consiguiente, un ajuste de los precios de estos productos para el consumidor final. Nos encontramos con la libra de pollo a mayor precio en los mercados de La Placita o la Bethania debido a fenómenos económicos internacionales y la falta de autosuficiencia nacional de granos básicos.
Esta experiencia reciente nos enseña que debemos reducir la dependencia alimentaria. Para ello es necesario estimular la producción local con políticas dirigidas a los pequeños productores.
En opinión de expertos de la industria avícola nacional, el maíz amarillo guatemalteco es de mejor calidad que el importado, pero advierten que el manejo postcosecha es totalmente deficiente provocando que el buen grano se contamine y sea poco útil a la industria. El papel del Estado es esencial pues debe ofrecer tecnología a los grupos organizados de pequeños productores y productoras para secar y almacenar la producción. Recientemente fue presentada al Congreso de la República una propuesta de Ley de Granos Básicos que propone la creación del Instituto de Nacional de Abastecimiento Alimentario -INABA- con programas de compra y venta pública de granos básicos, la construcción de silos estratégicamente ubicados, sistemas de información agrícola necesarios para que los agricultores estimen sus capacidades de producción. La propuesta de ley también plantea la creación de la Caja Nacional de Fomento Rural para garantizar el acceso al crédito a productores de granos básicos y se proponen mecanismos de acceso a la tierra en áreas que, hoy por hoy, están subutilizadas y tienen amplia vocación para la producción maicera.
La propuesta de Ley fue presentada por el diputado Aníbal García con la colaboración técnica del Instituto de Estudios Agrarios y Rurales -IDEAR- de la Coordinación de ONG y Cooperativas. Esta propuesta de ley debe ser discutida ampliamente con todos los actores involucrados en garantizar el Derecho Universal a la Alimentación y debe aprobarse a la brevedad para beneficio de la población y el logro de la soberanía alimentaria como mecanismo para acabar con el hambre en el país.
"Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger" Grupo Molotov.
El gran poder económico es el principal culpable del estado de calamidad en que se encuentra el país. Guatemala es un proyecto podrido, pues se ha construido sobre la base de la infamia, el despojo y la discriminación. Unos cuantos grupos familiares han logrado, durante siglos de historia, conformar un estado que beneficia con leyes y violencia sus intereses particulares de acumulación de riqueza. Estas familias son culpables del genocidio perpetrado contra la población indígena en los años de la guerra. En esos años aprobaron y estimularon la corrupción dentro de las instituciones de gobierno, consintieron las masacres y las ejecuciones extrajudiciales que el Ejército y grupos paramilitares perpetraron contra la población civil. Son culpables de la desnutrición crónica que sufre uno de cada dos niños menores de cinco años. Niegan el derecho a la propiedad, el trabajo y la alimentación de la mayoría de la población al adueñarse de la mayor cantidad de tierras cultivables en el país.
Son culpables de fomentar la instalación de mafias en los tres poderes del Estado. Financian las campañas electorales de los partidos políticos para garantizar la continuidad de sus proyectos de extracción y explotación capitalista. Niegan la participación de mujeres, pueblos indígenas y jóvenes en las decisiones trascendentales de política pública.
Se han apropiado de la riqueza que las manos campesinas han producido en los campos de añil, grana, café, algodón, caña de azúcar, hule, banano, ganado, granos básicos, hortalizas y frutas. Han explotado el trabajo de hombres y mujeres que en las maquilas dejan la vida por míseros salarios. Son evasores seculares de sus obligaciones fiscales.
Han negado por siglos el acceso a la educación de millones de niños y niñas que se convierten, desde sus primeros años de vida, en fuerza de trabajo no calificada mal pagada. Han influido para que la historia nacional oculte las desigualdades estructurales que generan la pobreza en el país. Han definido que los pensa de estudios obstruyan la posibilidad de pensar de manera crítica. Han cortado la creatividad irreverente de la población joven, moldeando viejos y viejas de corta edad. Convirtieron la cultura popular en folklore postmoderno para estampas y postales turísticas. Niegan el vínculo directo de las poblaciones indígenas que actualmente ocupan los territorios rurales del país con los mayas del periodo clásico.
Son dueños de los medios de comunicación y en nombre de la libre expresión del pensamiento mantienen a las masas alejadas de la realidad concreta y de sus causas. Ocultan las voces de la población. Hacen todo lo posible por impedir que las y los portadores de esas voces se conviertan en sujetos políticos capaces de construir un proyecto de nación viable y multiidentitario.
Hoy avanzan en sus planes económicos y políticos al amparo de gobiernos pusilánimes. La agenda nacional de competitividad es el único proyecto sectorial que tiene avances significativos en su implementación. ¡Claro, es su proyecto! Tienen las fauces devorando tierras en la Franja Transversal del Norte y en lo que será en unos años el Canal Seco Interoceánico. Se atoran, vomitan y vuelven a atragantarse con petróleo, níquel, oro y plata sacados del Corazón de la Tierra.
Se aferran con todas sus garras a la negativa, de hacer en el país, reformas fiscales, agrarias, educativas, de justicia o de cualquier otra índole que ponga en peligro su manía compulsiva de explotar, extraer y amontonar. La democracia es un panfleto y una burla. Son dueños de los monopolios en el agro, en el comercio, en la banca, en la industria, en las comunicaciones, en el mercado de partidos políticos, en el mercado de iglesias y sectas, en la prostitución de jueces y abogados.
Yo tenía 7 años cuando la voz misteriosa de mi padre leía, para la atenta cabeza mía y de mi hermano, las historias de "El Libro de la Selva" de Rudyard Kipling. Un par de años más tarde pasamos de la selva hindú a la selva petenera y leímos "La Mansión del Pájaro Serpiente" de Virgilio Rodríguez Macal.
En estos libros la selva aparece como el escenario en el que la naturaleza se expresa en toda su potencia. Es el dominio absoluto de los animales en un territorio en donde la humanidad tiene vedada la entrada porque la naturaleza siempre presintió los riesgos y peligros de exponerse al contacto con el hombre. El ser humano ha significado enjaulamiento y destrucción para el resto de especies animales y vegetales. Mario Payeras en "La Latitud de la Flor y el Granizo" presenta en números y poesía la grandeza de Petén, sus recursos naturales y las relaciones económicas y sociales que los grupos humanos establecen en estos territorios.
A los 13 años llegó a mis manos "Masacres de la Selva" de Ricardo Falla. El libro plasma testimonios de hechos grotescamente humanos en las selvas del Ixcán en los años 80. El territorio selvático fue escenario de barbarie y estupidez.
El Ejército de Guatemala llegó a cientos de comunidades, asesinó a hombres, mujeres y niños, violó a miles de mujeres y niñas, destruyó comunidades completas. Como dice Alejandro Arriaza, cantor nacional, la sangre se hizo dueña del Ixcán. La Comisión Nacional para el Esclarecimiento Histórico -CEH- documenta miles de testimonios más en todas las regiones del país. Los horrores de la guerra en Guatemala están también en las voces de la gente de cada comunidad. En cada conversación con agricultores, maestros y maestras rurales, señoras de la comunidad, salen como fantasmas los recuerdos del horror y es patente la convicción de que contando sus relatos el dolor se comparte y duele menos.
Por ello es que debemos insistir en que este episodio en las selvas, montañas, valles y poblados del país sea conocido por toda la sociedad, incluso que sea parte de los contenidos curriculares de la educación formal. El gobierno de la UNE plantea que se ha logrado la gratuidad en la educación pública y efectivamente hay más patojos y patojas en las escuelas. El segundo paso, plantean el gobierno y la oposición, es elevar la calidad educativa en todos los niveles. Este proceso de mejora en la calidad de la educación implica renovar contenidos y enfoques. Los actores fundamentales de este cambio deben ser el maestro y la maestra.
Es una buena noticia que el viernes 26 de febrero el magisterio haya alcanzado el objetivo de hacer efectivo un aumento salarial derivado del pacto colectivo de 2008. Un pago justo para tamaña tarea que tienen los docentes. Ahora más que nunca el magisterio nacional debe propugnar por un modelo educativo democrático; que en las aulas se hable de manera pertinente sobre los derechos civiles en un estado democrático, la historia guatemalteca desde la visión del pueblo y no de las élites económicas y políticas, la educación sexual y el placer, el carácter multinacional del territorio guatemalteco, las opresiones de género en el lenguaje y en la cotidianidad. La viabilidad de Guatemala como país depende de este cambio. El futuro de tantos niños y niñas depende de este esfuerzo.
Es el momento de este salto de calidad. Las propuestas de la Reforma Educativa que parte de los Acuerdos de Paz deben implementarse ya. No podemos esperar otro año; mucho menos otro gobierno. El próximo proceso electoral tiene el gris escenario de la participación como candidatos presidenciales, de uno de los integrantes del ejército asesino durante los años ochenta; y a un pastor evangélico fundamentalista que acusa como paganismo la práctica de la espiritualidad maya, negando el derecho que tiene cada pueblo a la propia cultura. Hoy las condiciones y la coyuntura no son ideales pero la situación futura puede ser mucho peor.
Si se le pregunta a una madre: ¿Qué quisiera usted para su hijo: que coma, que vaya a la escuela o que tenga salud? La respuesta más común de las madres en el área rural es: ¡Que tenga todo! ¡Que tenga salud, comida y educación! Por supuesto, un ser humano no puede anhelar menos que eso: una vida digna. Lo mismo responderíamos en el área urbana. Esa respuesta nos refiere a la integralidad del desarrollo rural. El desarrollo es integral cuando se van mejorando progresiva y permanentemente todas las condiciones de vida. No sólo una. Poco a poco pero seguro. Esta conceptualización del desarrollo es la base y fundamento de la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral, aprobada por acuerdo gubernativo 196-2009 del 13 de julio de 2009 y de la iniciativa 4084, Ley del Sistema Nacional de Desarrollo Rural integral.
La Política no cuenta hasta ahora con los recursos financieros, a pesar de que han transcurrido siete meses desde su aprobación. Me parece un grave error estratégico de parte del gobierno que teniendo este instrumento técnicamente bien logrado, no lo eche a andar. Esta política es el marco general en donde los programas de Cohesión Social dirigidos al área rural pueden encontrar remedio a sus deficiencias respecto a su carácter asistencialista y a los reclamos de la oposición que los califica como clientelismo político.
La política no sólo aborda temas productivos, sino contiene diseños de política en los ámbitos laboral, ambiental, agrario, la nutrición, la participación ciudadana en la toma de decisiones, la salud, la educación, la reducción de vulnerabilidad y gestión de riesgos. Allí reside su condición de integral. Todos los sectores que trabajamos por mejorar estos aspectos de la vida, debemos conocer y apoyar la implementación de la política. Las organizaciones comunitarias, los COCODES, COMUDES y CODEDES, las Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo, los empresarios rurales, las autoridades y funcionarios de cada uno de los ministerios, los gobernadores y alcaldes; es decir, todos y todas podemos encontrar en este instrumento una guía sólida y un pilar para emprender un accionar conjunto por el bien de la población.
Un avance importante son los pasos dados en esta dirección por la estructura del Consejo Departamental de Desarrollo de Petén. Los miembros del consejo, incluido el gobernador, conocen y están dispuestos a implementar la política. Estas autoridades y organizaciones sociales peteneras han discutido los contenidos en un contexto democrático a nivel regional. Un digno ejemplo a seguir en todas las regiones del país.
La implementación de la política es urgente. No es un tema sólo de beneficio para las y los habitantes del campo. Al estimular las economías campesinas, el conjunto de actores nacionales se verán beneficiados al incrementar el consumo de bienes y servicios. Y podemos tener por seguro que los índices de salud, nutrición, educación y calidad de vida hasta hoy tan negativos para el país, irán mejorando tangiblemente en el corto, mediano y largo plazo. Es una tarea de país, de la integralidad de la sociedad guatemalteca. No esperemos que sucedan catástrofes o emergencias como las del Corredor Seco para ver hacia el campo y vernos reflejados en sus habitantes.
Además de implementar esta política, es imprescindible aprobar la ley de desarrollo Rural integral que ya tiene dictamen favorable firmado por doce diputados y diputadas integrantes de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Congreso. La Ley dará garantía de continuidad a la estrategia nacional de Desarrollo Rural. ¡Vamos señores y señoras diputados, no defrauden al pueblo en este momento de oportunidad para todos!
